Funcionarios Municipales ¿escondidos?

Una investigación efectuada recientemente por la Contraloría General de la República detectó que 1 de cada 5 empleados municipales no está registrado de manera oficial en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, conocido como “SIAPER”, a pesar de que es una obligación legal informarlo en la respectiva plataforma.

Lo anterior, fue detectado por el organismo fiscalizador ya que hizo un análisis comparativo de datos entre las declaraciones de renta y honorarios presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos y los datos registrados en el SIAPER.

Fue así que el análisis arrojó que más de 106.000 personas no están registradas en este sistema, a pesar de haber recibido una renta u honorario de una municipalidad durante los años 2022 y 2023.

Entre algunos de los municipios que mantienen la mayor cantidad de personas no registradas están: Alto Hospicio, Pozo Almonte, Coquimbo, Illapel, Ovalle, Santiago, Estación Central, El Bosque, Valparaíso, Curicó, Talca, Chiguayante, Talcahuano, Puerto Montt, Curanilahue.

¿Qué efecto tiene el no realizar el respectivo registro, además, de incumplir una exigencia legal?

Primero, existe absoluto desconocimiento por parte del aparato público respecto al número exacto de cuántos funcionarios trabajan en el Estado, lo que impacta en las políticas públicas a aplicarse.

Segundo, el omitir efectuar el registro del personal que trabaja, por ejemplo, en una municipalidad, no sólo aumenta la desconfianza de las personas hacia la política, sino que atenta contra el principio de transparencia, reconocido constitucionalmente.

Tercero, se desconoce si la omisión del registro fue por negligencia, descuido, o porque las personas contratadas no cumplían con los requisitos para desempeñar el cargo o función, debiendo presentar títulos, certificados médicos, declaraciones juradas de no tener inhabilidades, etc.

Cuarto, el tener cada vez mayor cantidad de personal o funcionarios municipales no significa necesariamente mayor eficiencia o mejores prestaciones a la comunidad, muy por el contrario, reduce el gasto destinado a la entrega de servicios a los más necesitados.

Y quinto y último, pareciera ser una forma de disminuir la cesantía pagando favores políticos, al menos ya vimos que varios funcionarios de alcaldías que no salieron reelectos fueron contratados en subsecretarías como asesores.

¿Es necesario contratar cada vez más funcionarios en el aparato estatal? La mayor cantidad de ellos ¿se traduce en un mejor servicio a la comunidad?

La respuesta ya la conocemos todos y la hemos comprobado en estos años.

Josefina Soto L.

Ideas Republicanas