Contraloría confirma uso indebido de recursos municipales en viajes de concejales de La Granja

La Contraloría General de la República acogió la denuncia presentada por el diputado Juan Irarrázaval y la concejala Tamara Osorio en contra de concejales de la Municipalidad de La Granja, estableciendo que se destinaron recursos públicos a viajes que no cumplían con los requisitos legales ni con un interés público real.

El Informe Final N° 438/2025 del organismo fiscalizador es categórico al señalar que tanto la visita denominada “inspectiva” al centro recreacional municipal de El Tabo como la pasantía realizada en España por concejales de la comuna carecieron de justificación suficiente y no guardaron relación directa con las funciones propias del cargo.

En el caso del viaje a El Tabo, la Contraloría determinó que no se logró acreditar el objetivo ni los resultados de la supuesta fiscalización realizada por los concejales Cristián Carmona Macaya, José Luis Pávez Inostroza, José Luis Díaz Díaz, Sergio Urbina Núñez, Silvana Poblete Romero, Ximena Palacios Orellana, Carla Aceituno Saldías y Bernardita Aguirre Cabezas, dejando en evidencia que se utilizaron viáticos municipales sin respaldo funcional ni institucional.

Respecto de la pasantía en España, el órgano contralor concluyó que los concejales Cristián Carmona Macaya, Bernardita Aguirre Cabezas y Sergio Urbina Núñez no acreditaron razones de interés público ni beneficios concretos para la gestión municipal, configurándose un uso improcedente de recursos públicos.

Como consecuencia de estas irregularidades, la Contraloría ordenó la restitución de $18.176.355 correspondientes a viáticos, pasajes e inscripciones financiados con recursos municipales, además de instruir a la Municipalidad de La Granja a modificar sus procedimientos internos para impedir que este tipo de prácticas se repitan.

El diputado Juan Irarrázaval señaló que “este dictamen confirma lo que denunciamos: se usaron recursos de todos los vecinos para viajes que no tenían justificación real. No eran funciones municipales, eran privilegios pagados con plata pública”.

Por su parte, la concejala Tamara Osorio afirmó que “aquí hubo una forma irresponsable de entender el cargo público. Mientras La Granja enfrenta graves necesidades sociales, algunos concejales usaban recursos municipales para viajes disfrazados de fiscalización o capacitación”.

Ambos denunciantes enfatizaron que este caso no es un error administrativo menor, sino una señal de una práctica política inaceptable, que banaliza el uso de fondos públicos y debilita la confianza de los vecinos en sus autoridades.

Asimismo, anunciaron que realizarán seguimiento al cumplimiento efectivo de la restitución ordenada por la Contraloría y que no descartan ejercer nuevas acciones si el municipio no da cumplimiento íntegro a lo resuelto por el órgano fiscalizador.