Transantiago: de fracaso en fracaso

Este año el Transantiago cumplió 18 años. Cuando se creó, se proyectó como una política sustentable tanto en lo operacional como en lo financiero. Hoy, información financiera detallada y transparente sobre él no hay mucha, pero el Consejo de Políticas de Infraestructura calculó hace algunos meses el costo anual para el Estado -solo de la evasión de su pasaje- en 120 millones de dólares, un 10% de los costos del sistema que, por cierto, pagan los chilenos de todas las regiones de Chile, incluyendo los más vulnerables. La última recomendación del panel de expertos -que hizo subir $20 el precio del pasaje- deriva en que, nuevamente, este desfonde estatal deben pagarlo los trabajadores honestos y la oculta bajo «costos de operación del sistema”, lo que constituye ya una primera institucionalización de la evasión.

Un segundo antecedente de la institucionalización de la evasión se da en que el actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, cree en la «gratuidad» del sistema, por lo que, no teniendo incentivos genuinos, no ha tomado medidas reales para bajarla. No basta con aumentar las sanciones si estas , por ejemplo, tienen bajos índices de cumplimiento. La evasión precisamente promueve esa gratuidad, y es por eso que con subidas y bajadas la evasión total del Transantiago bajo este gobierno es la más alta de la historia. Es esa cultura de la gratuidad que transforma al Transantiago en la séptima política más cara para el Estado, o de nuevo, para los chilenos de todos los rincones del país. Es más cara que todo el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, aunque este, y las otras seis políticas que le superan en costos, tienen cobertura nacional. Es tan cara, que si hasta el año pasado de ella dependía el presupuesto de los gobiernos regionales, hoy podemos decir que tiene secuestrado el Presupuesto de la Nación y ha obligado a innovar en medios para financiarla, como recurrir al fondo de infraestructura que recauda entre otras cosas vía alza de tag, también desde sectores distintos de Santiago en todo Chile.

Lo que pierde el sistema Transantiago (hoy renombrado como RED) en un sólo día por evasión alcanzaría, pensando por ejemplo en zonas rurales de la misma Región Metropolitana, para la compra un bus eléctrico nuevo y su operación anual, incluyendo los salarios de sus dos turnos de conductores, energía, mantención, costos de administración, seguros e incluso cobertura real del subsidio a escolares y adultos mayores que hoy no se ajusta a la realidad; y aun así sobraría plata para adquirir un cargador en conjunto con otros buses. Pero estas zonas, excluidas expresamente, sólo reciben, a su costo, exigencias predatorias y anticompetitivas de la autoridad, un verdadero dumping estatal, lo que les hace caducar hasta un 20% de su flota al año en el contexto de la crisis del transporte rural.

De hecho, hace pocos meses rige un contrato entre estos operadores y el Estado, y en el verano el gobierno ya anunció que les bajaría el subsidio. No son ocultas las intenciones que hay de reemplazarlos por una empresa estatal, EFE. A las siete empresas que operan el sistema RED, en cambio, el Estado las subsidia con cerca de un 70% en los pasajes (lo que eleva su costo total muy por sobre lo que cuestan esos pasajes rurales), les compran buses eléctricos nuevos, las capitaliza en el área inmobiliaria con paraderos e incluso se les proporcionó el 2024 un salvataje económico con fondos propios porque, así y todo, son ineficientes.

La ilegitimidad de esta política, por cierto, para todo esto ha contado con la complicidad del Congreso, que le ha entregado recursos sin ningún pero cada año. De hecho, este año los subsidios a esta política batieron nuevamente sus propios records. Es de esperar que ahora que el Transantiago o RED cumple su mayoría de edad, se haga responsable y avance con medidas en ese sentido. Si al endurecimiento de sanciones sumamos, en vez de salvatajes, metas para los concesionarios a fin de frenar la evasión o la focalización de subsidios en la demanda directo en la tarjeta o aplicación del principio de eficiencia para la sustentabilidad, podríamos decir que al fin este adulto se está haciendo responsable.

Juan Irarrázaval

Diputado Republicano e integrante de la Comisión de Transportes