Opinión
25 de abril de 2025A dos años ¿Hay novedades en el Caso Convenios?


Josefina Soto L.
Durante años no quisimos aceptar que en Chile había un problema estructural de corrupción, tal es así que nuestro país ha obtenido el peor registro desde los 90, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción 2024 publicado por Transparencia Internacional.
A dos años del escándalo que comenzó con la Fundación Democracia Viva, se ha podido verificar la existencia de un patrón sistemático de corrupción que involucra a una decena de organizaciones como Urbanismo Social, ProCultura, Movimiento Fibra, Asociación Campamento de Ideas y TomArte, además de los denominados “Caso Audios” y “Caso Manicure”.
En la actualidad existen investigaciones en las 16 regiones de nuestro país y más del 50% de las causas que se tramitan por el Ministerio Público se encuentran reservadas y en muchas existe el secreto de la investigación, hay alrededor de 41 personas que han sido formalizadas, entre ellas 2 diputados desaforados.
Aparentemente, existe una conducta reiterada por parte de determinados imputados, quienes son investigados como autores directos de diversos delitos bajo diferentes convenios y relacionados con diversas fundaciones. Es lo que ocurre con Democracia Viva o ProCultura.
Es interesante verificar que existen casos en que se investiga una fundación que firmó convenios en más de una región, como es el caso de la Fundación ProCultura que firmó convenios en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Aysén, Magallanes y también en la Región Metropolitana, y por eso una de las principales críticas del lento avance es la ausencia de formalizados respecto a la Fundación ProCultura.
Respecto de los delitos que se persiguen son: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho cometido por empleado público, tráfico de influencias, lavado de activos, apropiación indebida, prevaricación administrativa, negociación incompatible y estafas.
El “Caso Fundaciones” muestra la forma criminal de operar ya que se replicó en muchos casos, en donde las autoridades otorgaron de forma directa convenios multimillonarios a ONG, los que habrían tenido relación con colectividades políticas o, derechamente, estaban involucradas en proyectos de dudosa ejecución, por nula experiencia, no tener el giro respectivo, etc.
El solo hecho de que exista corrupción en Chile trae aparejadas graves consecuencias, pues es reflejo de que la sociedad pierde la confianza en las instituciones estatales y en las personas que trabajan en ellas y lo más grave aún, es que los recursos públicos de todos los chilenos, destinados a satisfacer las necesidades de los que más sufren, se desvían y no llegan a ellos.
Nunca olvidar que las autoridades están para servir y no servirse de los puestos que ocupan.
Josefina Soto L.
Ideas Republicanas